LA FISCALÍA DE MÉXICO HA CONTRATADO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS PROGRAMAS PARA EL ESPIONAJE MASIVO DE TELÉFONOS MÓVILES

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La actual Fiscalía General de la República (FGR) ha comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos. En 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5,6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta firma ha fungido en el país como intermediaria de la italiana Hacking Team, señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha dado seguimiento a este tipo de contrataciones, considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos porque en algunos casos constituye una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial.

EL PAÍS encontró en diversos informes del órgano interno de control de la FGR que la Fiscalía al mando de Alejandro Gertz Manero ha celebrado al menos cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica. La adquisición de estos programas no es ilegal y son usados, según justifican las autoridades, para el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, también pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia, como ha advertido la R3D en diversos informes. Si bien las invasiones a la privacidad por parte de la autoridad no se encuentran absolutamente prohibidas, sí existen límites estrictos a este tipo de actividades de vigilancia, afirma Luis Fernando García Muñoz, director de la R3D. Además en México la utilización de estos sistemas de vigilancia son sumamente problemáticos porque otorgan un poder invasivo amplio. “La vigilancia masiva no es compatible con los principios de necesidad y proporcionalidad”, reitera.

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