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MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2026
SEXTO PRINCIPIO: CAUSA Y EFECTO
OOMAPAS: CUANDO LAS AGUAS NEGRAS TERMINAN EN LOS TRIBUNALES
Los amparos contra el organismo, el asesinato de su director y una infraestructura que continúa colapsando muestran que en Cajeme ninguna omisión desaparece: cambia de forma, acumula consecuencias y termina convirtiéndose en un problema político.
Por René Díaz | CajemeNews.com
El principio de Causa y Efecto sostiene que nada sucede por casualidad, que toda causa produce una consecuencia y que detrás de cada resultado existe una cadena de decisiones, omisiones o acontecimientos que lo hicieron posible. Aplicado a la vida pública de Cajeme, este principio parece escrito para entender la historia reciente del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, porque en OOMAPAS cada tubería que se dejó envejecer, cada colector que no se sustituyó, cada reporte que permaneció abierto y cada problema atendido únicamente de manera provisional terminaron produciendo efectos mucho más grandes que una simple fuga de agua.
La crisis ya no puede medirse solamente por el número de alcantarillas rebosadas, por los socavones que aparecen después de las lluvias o por las calles donde el pavimento fue vencido desde abajo. También debe medirse por ciudadanos que tuvieron que recurrir al Poder Judicial para recibir un servicio que el gobierno municipal está constitucionalmente obligado a garantizar. Cuando una persona necesita promover un amparo para que retiren las aguas residuales frente a su vivienda, el problema deja de ser exclusivamente técnico y se convierte en una evidencia institucional.
Uno de los casos más claros ocurrió en la colonia Fovissste II. Dentro del juicio de amparo 1890/2025, un ciudadano denunció la omisión de las autoridades ante fallas de drenaje que, de acuerdo con el expediente, habían sido reportadas desde julio de 2022. El Juzgado Séptimo de Distrito en Sonora concedió una suspensión provisional y ordenó al municipio de Cajeme, a través de OOMAPAS, garantizar de inmediato los servicios de drenaje y alcantarillado, al considerar que las descargas de aguas residuales afectaban la calidad de vida, la salud y el derecho de los habitantes a un medio ambiente sano.
La resolución no debe verse como un incidente jurídico menor ni como una simple diferencia entre un usuario y el organismo. El fondo político es mucho más profundo: una autoridad judicial tuvo que recordarle al gobierno municipal una obligación elemental. El ciudadano reportó, esperó y soportó; la institución no resolvió de manera definitiva; entonces apareció el amparo. Esa es la secuencia exacta de Causa y Efecto: la omisión administrativa produjo la intervención judicial.
Este tampoco fue el primer conflicto de esa naturaleza. En mayo de 2022 se informó que la empresa Yoreme había obtenido un amparo dentro del procedimiento iniciado por OOMAPAS después de detectar presuntas irregularidades en servicios no facturados y suspenderle la descarga de aguas residuales. En julio de ese mismo año, el propio director jurídico del organismo reconoció públicamente que dos empresas seguían en procesos de amparo y que se buscaba llegar a acuerdos.
Los casos no son idénticos. El amparo de Fovissste II surgió de la denuncia de un ciudadano por la falta de drenaje y alcantarillado; los procedimientos de empresas se relacionaron con actos de fiscalización, cobro o suspensión ejecutados por el organismo. Sin embargo, ambos escenarios revelan algo que debe preocupar a cualquier administración: OOMAPAS no solamente enfrenta una red deteriorada y un rezago operativo, también toma decisiones o incurre en omisiones que terminan siendo cuestionadas ante los tribunales.
Por eso resulta indispensable conocer cuántos litigios tiene realmente el organismo, cuántos amparos ha enfrentado, cuántas suspensiones se han concedido en su contra, cuántos juicios laborales permanecen activos, cuánto dinero representan los pasivos contingentes y cuántas sentencias o convenios han tenido que pagarse con recursos públicos. Hasta ahora no existe a disposición ciudadana un padrón integral, actualizado y fácilmente consultable que permita responder esas preguntas con precisión. La opacidad también produce efectos: donde no existen datos completos, crece la sospecha, se debilita la confianza y la narrativa oficial queda expuesta a la duda.
EL DIRECTOR ASESINADO
Pero la historia reciente de OOMAPAS no puede contarse únicamente a través de expedientes judiciales, aguas residuales y colectores destruidos. También está marcada por un crimen que sacudió al Ayuntamiento de Cajeme y rompió abruptamente la conducción del organismo.
El martes 25 de junio de 2024, Luis Miguel Castro Acosta, entonces director general de OOMAPAS de Cajeme, fue asesinado a balazos sobre la carretera federal México 15, en territorio yaqui, entre Bácum y Vícam. Viajaba de Ciudad Obregón hacia Hermosillo cuando ocurrió el ataque, aproximadamente a la altura del kilómetro 32. Castro Acosta dirigía el organismo desde septiembre de 2021, al comenzar la administración municipal de Javier Lamarque.
El asesinato debe tratarse con responsabilidad. No existe información pública concluyente que permita afirmar que el crimen estuvo relacionado con contratos, cobros, litigios, proveedores o decisiones internas de OOMAPAS. Tampoco sería ético utilizar su muerte para construir teorías sin pruebas. La investigación inicial manejó versiones relacionadas con un posible intento de robo del vehículo, pero corresponde exclusivamente a la Fiscalía establecer judicialmente el móvil y las responsabilidades.
Sin embargo, evitar la especulación no significa borrar el crimen de la historia política del organismo. Luis Miguel Castro Acosta era el responsable de dirigir una de las instituciones más importantes y problemáticas del municipio. Su asesinato produjo una interrupción humana y administrativa en una dependencia que ya se encontraba bajo presión financiera, operativa y social. Las fugas no se detuvieron, los drenajes no dejaron de colapsar, los reportes continuaron acumulándose y el Ayuntamiento tuvo que reorganizar la dirección en medio de una tragedia.
El crimen no explica el deterioro de la infraestructura, pero sí forma parte del contexto en que OOMAPAS ha sido administrado. En Cajeme, hasta la operación del agua potable y el drenaje se encuentra atravesada por la violencia. Un director municipal salió rumbo a Hermosillo y no regresó; el organismo perdió de manera brutal a quien lo había encabezado desde el inicio del gobierno, mientras la ciudad continuó exigiendo agua, saneamiento, reparaciones y respuestas.
Dos años después, el homicidio sigue formando parte de una deuda de justicia. No puede convertirse únicamente en una ceremonia, una fotografía de homenaje o una fecha recordada cada junio. La sociedad merece conocer hasta dónde avanzó la investigación, cuál fue el móvil establecido por las autoridades, quiénes fueron procesados y si el caso terminó realmente esclarecido o solamente se fue diluyendo dentro de la larga estadística de homicidios de la región.
LOS MILES DE REPORTES
Desde el comienzo de la administración de Javier Lamarque se ha sostenido que OOMAPAS recibió aproximadamente diez mil reportes rezagados, además de una infraestructura envejecida, problemas financieros y sectores completos donde los drenajes se encontraban rebasados. Es válido reconocer que una parte importante de la crisis fue heredada; sería injusto presentar cada colector destruido como si hubiera comenzado a deteriorarse en septiembre de 2021.
Pero también existe un límite político para el argumento de la herencia. Después de casi cinco años de gobierno, ya no basta explicar cómo se recibió el organismo. Ahora debe informarse cuánto se sustituyó, cuánto se reparó definitivamente, cuántos kilómetros de tubería permanecen en condición crítica, qué colonias siguen registrando reincidencias y cuánto tiempo necesitará la administración para dejar de trabajar únicamente mediante desazolves emergentes.
El propio organismo informó que entre septiembre de 2021 y octubre de 2022 atendió 14 mil 440 fugas de agua potable, 19 mil 110 drenajes tapados, 1,074 rehabilitaciones de drenaje y más de 90 socavones, para sumar 34 mil 624 folios ciudadanos. Son cifras que demuestran una enorme carga de trabajo, pero también dimensionan la profundidad del deterioro. Una ciudad que genera decenas de miles de intervenciones hidrosanitarias en poco más de un año no enfrenta incidentes aislados: enfrenta un sistema fatigado.
La administración presume reportes atendidos, y seguramente muchos trabajadores del organismo realizan diariamente esfuerzos reales en condiciones difíciles. Sería simplista negar todo lo que se ha reparado. Pero existe una diferencia fundamental entre atender un folio y resolver definitivamente un problema. Desazolvar una tubería puede retirar momentáneamente las aguas negras; sustituir el tramo colapsado elimina la causa. Mandar una máquina produce una fotografía y permite cerrar administrativamente una orden; reconstruir el colector impide que el mismo vecino vuelva a reportar semanas después.
Ahí se encuentra una de las grandes trampas de las estadísticas gubernamentales. Un organismo puede informar miles de atenciones y, al mismo tiempo, mantener colonias donde el drenaje vuelve a desbordarse. Puede cerrar folios sin cerrar la causa. Puede contar cada visita como un resultado, aunque el problema reaparezca porque la tubería ya no admite otra reparación provisional.
La verdadera evaluación debería incluir el número de reincidencias, el tiempo promedio de solución, los reportes abiertos, los cancelados, los que se repiten en la misma calle, los trabajos donde quedó pendiente la reposición del pavimento y los sectores donde ya se determinó técnicamente que no basta desazolvar: hay que sustituir la red.
EL AGUA QUE TERMINA SIENDO POLÍTICA
El deterioro de OOMAPAS no afecta solamente al organismo. Una fuga de agua potable destruye el pavimento; una tubería sanitaria colapsada genera aguas negras; el agua erosiona el subsuelo y produce socavones; los socavones dañan vehículos, bloquean vialidades y ponen en riesgo a peatones; los derrames afectan comercios y viviendas; la desesperación genera bloqueos; y cuando la autoridad no responde, el ciudadano acude al tribunal.
Esa cadena confirma el principio de este miércoles. Nada está separado. Cada efecto se convierte en la causa del problema siguiente.
La falta de mantenimiento preventivo produce emergencias más costosas. La atención provisional produce reincidencias. La reincidencia produce cansancio social. El cansancio produce protesta. La omisión prolongada produce amparos. Los amparos producen órdenes judiciales. Las órdenes judiciales exhiben políticamente aquello que la institución no consiguió resolver administrativamente.
Y en medio de todo aparece el dinero. Cada reparación tardía cuesta más que una intervención preventiva; cada calle que debe abrirse varias veces multiplica el gasto; cada socavón obliga a coordinar tubería, relleno, compactación y pavimento; cada juicio perdido puede convertirse en honorarios, indemnizaciones, pagos o sanciones. Cuando la autoridad no informa el costo total de los litigios ni publica el inventario de pasivos contingentes, el ciudadano desconoce cuánto está pagando por decisiones que nunca tomó.
OOMAPAS merece un análisis equilibrado. Opera una red antigua, recibe miles de reportes, enfrenta una cultura de falta de pago, requiere inversiones millonarias y trabaja en una ciudad que creció durante décadas sin renovar toda su infraestructura al mismo ritmo. Sería irresponsable afirmar que cada falla es producto exclusivo del gobierno actual.
Pero también sería complaciente aceptar que todo pertenece al pasado. Javier Lamarque llegó a la Presidencia Municipal en septiembre de 2021. Su administración tuvo tiempo para diagnosticar, priorizar colectores, buscar financiamiento, transparentar litigios y construir indicadores que distinguieran entre reportes atendidos y problemas definitivamente resueltos. La herencia explica el punto de partida, pero no puede convertirse en permiso permanente para administrar la crisis.
El organismo necesita publicar una radiografía completa: cuántos litigios enfrenta, cuántos amparos se han promovido, cuántos ha perdido o ganado, cuánto dinero se reclama, cuántos reportes continúan activos, cuáles colonias concentran el mayor número de reincidencias, qué colectores se encuentran técnicamente colapsados y cuál es el calendario real para sustituirlos.
También debe explicar qué pasó después del asesinato de Luis Miguel Castro Acosta. No para mezclar irresponsablemente el crimen con la operación interna, sino para saber cómo se protegió la continuidad institucional, qué proyectos quedaron pendientes, qué decisiones cambiaron y cuál fue el impacto de aquella pérdida en la administración del organismo.
LA CAUSA Y EL EFECTO
En política, las consecuencias rara vez aparecen el mismo día en que se comete una omisión. Una tubería puede durar años deteriorándose bajo tierra hasta que finalmente se rompe. Un reporte puede permanecer meses dentro de un sistema hasta que el ciudadano pierde la paciencia. Una decisión administrativa puede parecer firme hasta que un juez concede una suspensión. Un crimen puede ocupar los titulares durante una semana y después convertirse en silencio, aunque la herida institucional permanezca abierta.
OOMAPAS es hoy el resultado acumulado de muchas causas: décadas de infraestructura insuficiente, falta de inversión preventiva, crecimiento urbano, problemas financieros, adeudos de usuarios, decisiones administrativas cuestionadas, reportes reincidentes, respuestas provisionales y una violencia que incluso alcanzó a su director general.
Pero la administración municipal también está produciendo sus propios efectos. Cada obra bien ejecutada será parte de la solución; cada colector sustituido evitará futuras emergencias; cada dato transparentado fortalecerá la confianza. Por el contrario, cada reporte cerrado sin resolver, cada litigio escondido, cada colonia ignorada y cada explicación aplazada se convertirán tarde o temprano en un costo político.
El agua siempre encuentra una salida. Cuando no puede avanzar por una tubería destruida, emerge por las alcantarillas, rompe el pavimento y convierte las calles en corrientes de aguas residuales. La inconformidad ciudadana funciona de manera parecida: cuando no encuentra respuesta en las oficinas, sale a las calles; cuando no encuentra solución en el gobierno, llega a los tribunales; y cuando un juez tiene que ordenar lo que una autoridad debió realizar por obligación, el amparo se transforma en la constancia jurídica de una falla política.
OOMAPAS podrá seguir contando folios atendidos, máquinas enviadas y metros de tubería reparados, pero el verdadero balance no estará en sus boletines. Estará en las calles que dejaron de inundarse, en los vecinos que ya no viven entre aguas negras, en los socavones que no volvieron a abrirse y en los ciudadanos que no necesitaron contratar un abogado para obtener un servicio público.
Porque bajo el principio de Causa y Efecto, ningún drenaje colapsa de un día para otro, ningún amparo surge sin una omisión previa y ninguna crisis institucional permanece eternamente bajo tierra.
Esta es apenas una opinión personal, una lectura del instante y del momento histórico, político y social que nos tocó vivir. No pretende ser verdad absoluta; es experiencia, percepción y análisis. El lector tendrá siempre la última palabra: creer, dudar o pensar distinto.
