Ciudad de México.- La ONU acusa al Estado mexicano de negar la crisis de desapariciones, con más de 127 mil personas no localizadas. De persistir esta postura, el caso podría escalar hasta la Corte Penal Internacional.
México tiene cinco meses para evitar que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) lleve su caso a la Asamblea General. Si no alcanza un acuerdo, el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá negociar directamente con el secretario general António Guterres.
El gobierno federal rechaza las acusaciones. Gobernación negó una política de Estado para desaparecer personas; la CNDH tildó de “descontextualizada” la postura del CED, y Sheinbaum aseguró que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado”.
El Comité exige al país acciones concretas para prevenir, buscar y garantizar justicia. El caso ya no puede resolverse con argumentos políticos: el dolor de las víctimas exige respuestas reales.
