Derivado de diversas investigaciones la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el joven José Eduardo Ravelo, quien murió tras ser detenido en Yucatán, no fue víctima de tortura ni abuso sexual por parte de policías.
María Ravelo, madre del joven de 23 años de edad, denunció que el 22 de julio policías de Mérida detuvieron a José Eduardo en un parque.
Según contó, los policías subieron a su hijo a una patrulla donde lo golpearon y violaron, actos que se repitieron en las instalaciones de la Fiscalía, a donde fue trasladado.
Un médico legista constató lesiones en José Eduardo y determinó su ingreso a un hospital donde los médicos dijeron que era sospechoso de COVID-19. Tras ser llevado al área de pacientes con coronavirus murió.
Días después, el 18 de agosto, la señora María Ravelo interpuso una denuncia ante la FGR por el delito de tortura contra su hijo.
La Fiscalía recabó más de 50 testimoniales y realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), así como tres inspecciones ministeriales.
También se exhumó el cuerpo de José Eduardo para practicarle una necropsia, misma que arrojó que el joven murió por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención.
Al analizar los videos de la detención del joven, su llegada y estancia en la cárcel las autoridades no hallaron violaciones a sus derechos humanos.
Únicamente se advirtieron maniobras de sujeción contra José Eduardo por haberse resistido al arresto; sin embargo, se concluyó que las lesiones nunca pusieron en peligro su vida y que tardarían en sanar menos de 15 días.
En su declaración inicial el joven detalló números y colores de patrulla y uniformes de los policías presuntamente implicados, mismos que no se hallaron al no existir elementos ni vehículos oficiales con dichas características.
En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, señaló la FGR en un comunicado.
Dentro de las indagatorias la FGR halló falsedad en dictámenes periciales, por lo que el pasado 18 de octubre se ejerció la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
Además continuarán investigaciones por posible negligencia médica contra personal del Hospital General del Estado.
