El Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, dictó el auto de formal prisión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por la autoría intelectual del delito de tortura, en agravio de la periodista, Lydia Cacho Ribeiro. La organización Artículo 19, que conduce la defensa de la escritora de “Los Demonios del Edén” y “Esclavas del Poder”, celebró el fallo del juez Segundo, Gerardo Vázquez Morales. “La justicia no será plena hasta que el exgobernador sea condenado y, junto a él, todos los autores intelectuales que permanecen prófugos”, señaló la agrupación, en referencia al empresario, Kamel Nacif Borge y el exdirector de la otrora Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam.
“Además debe ser garantizada la reparación integral de los daños para Lydia Cacho y su familia”, agregó la organización. El 3 de febrero, Marín Torres fue detenido en Acapulco, Guerrero, en cumplimiento de una orden de aprehensión, librada por el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito y trasladado hacia esta ciudad para responder sobre el delito que le es imputado. El 4 de febrero, durante la audiencia para rendir su declaración preparatoria, se reservó el derecho; pidió la duplicidad del término constitucional de 77 a 144 horas para la definición de su situación legal y, durante ese lapso, el beneficio de la prisión domiciliaria, que se le negó.
Desde su arribo a Cancún se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, en donde también se encuentra el pederasta confeso, Jean Succar Kuri, sentenciado a 112 años y seis meses de cárcel, por el delito de pornografía infantil. En esa misma prisión se encuentra interno, Alejandro Rocha Laureano, comandante de la entonces Policía Judicial de Puebla, detenido en diciembre de 2018.
Rocha Laureano es acusado de haber llevado -la madrugada del 17 de diciembre de 2005- a dos mujeres policías a la caseta de La Esperanza, en la periferia de Puebla, para intercambiarlas por los agentes José Montaño Quiroz (sentenciado) y Jesús Pérez Vargas (prófugo), quienes detuvieron a Cacho en Cancún un día antes y la torturaron durante el trayecto al estado. La defensa del ex judicial solicitó, el 4 de febrero que su cliente saliera bajo fianza, alegando que el delito de tortura no era grave. El juez Segundo de Distrito lo sacó de su error y le negó la caución.
